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Héctor Ayllón

Lunes

22

diciembre 2014

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Las controvertidas reformas de la Ley de Propiedad Intelectual (I)

Categorías: agregador de contenidos, canon aede, derecho remuneración, entrevista, propiedad intelectual, tasa google

google

Pocos días restan para que entren en vigor algunas de las novedades introducidas por la reforma de la ley de propiedad intelectual aprobada el pasado mes de noviembre (4 de noviembre) y publicada al día siguiente en el BOE y sin embargo las reacciones y críticas a la misma no han esperado hasta entonces, algunos (como Google) se han anticipado y han optado por dejar de prestar alguno de sus servicios – concretamente el de Google News, en el caso del buscador – para no tener que pagar el derecho de remuneración irrenunciable a los editores de las noticias que incorporan en dicho portal.

Con ocasión de esta concreta reforma (de las varias que afronta la Ley de Propiedad Intelectual que entra en vigor en el 2015 y que analizaré en otros post del blog) que afecta a todos los agregadores de contenidos (los que realizan press clipping, pero en formato digital) como es el caso de Google News, pero también de otros como Menéame, Webeame, Negociame, Bitacoras, Divoblogger, etc. 

La reforma, recogida en el artículo 32.2, establece la obligación por parte del prestador del servicio de agregación de contenidos (como es Google News) de pagar a los editores, titulares de los derechos de autor sobre las noticias que incluyan en su web, una remuneración equitativa e irrenunciable. Remuneración que cobrará de los diferentes prestadores de servicios la entidad de gestión CEDRO para su posterior reparto a los titulares de los derechos (los editores).

canon aede

Siendo esto así sorprende que haya algunos editores que se hayan mostrado contrarios al mal llamado canon AEDE (en honor de la Asociación de Editores de Diarios españoles)o “tasa Google” (que dicho sea de paso, ni es una tasa, ni tampoco se impone exclusivamente a Google, sino a todo prestador de servicios de agregación de noticias), como es el caso de AEPP ( la asociación española de publicaciones periódicas), por entender que el importe que van a percibir los editores de los prestadores del servicio de noticias va a ser ínfimo en relación con el perjuicio que puede ocasionar a los usuarios finales si tales prestadores de servicios deciden imitar a google news y deciden dejar de prestar el servicio en España y no plegarse a las exigencias de satisfacer una remuneración a los editores de las noticias.

Sobre este concreto aspecto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y sus consecuencias tuve oportunidad de hablar en la entrevista concedida al Canal 13TV, emitida en el telediario el pasado viernes, un día antes de la fecha anunciada por Google para que su servicio Google News dejara de funcionar en España si el Gobierno no echaba para atrás la medida (algo que no parece que vaya a ocurrir finalmente, al menos por el momento, pero que no resultaría tan extraño habida cuenta que ya existen ejemplos en otros países de nuestro entorno como es el caso de Alemania y Francia):

Entrevista para Canal 13TV sobre la reforma de la LPI

 

Viernes

31

octubre 2014

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He recibido el “premio monografías Propiedad intelectual 2014″

Categorías: derecho de transformación, propiedad intelectual

Scaled Image

la foto 1 (4)

Hoy quisiera compartir con todos los usuarios que me siguen este Premio recibido recientemente en la sede de la Editorial Reus por la monografía que lleva por título “el derecho de transformación de las obras del espíritu”.

Así, de la mano de Abel Martín (Fundación AISGE), Carlos Rogel (ASEDA) y Florencio Sánchez (Editorial REUS), entidades convocantes del primer Premio de monografías jurídicas en materia de Propiedad Intelectual, recibí el citado galardón. Es de agradecer que se realicen este tipo de iniciativas que contribuyen, sin duda, a un estudio específico y exhaustivo sobre asuntos concretos del ámbito del derecho de autor.

La monografía en cuestión trata desde una perspectiva teórica y práctica todo lo que conlleva la modificación o transformación de cualquier tipo de creación, las precauciones que hay que tener en cuenta, los límites existentes al efecto, los problemas que pueden surgir al respecto y diferentes modelos de contratos de transformación de las obras que pueden resultar de utilidad tanto a los creadores de las obras como a los usuarios de las mismas.

Es un tema de enorme interés hoy día puesto que, por ejemplo, cualquiera que tenga una página web debe incluir tal derecho en el contrato que suscriba con el informático que le haya diseñado y programado la misma si no quiere llevarse la desagradable sorpresa de que, cuando en el futuro, decida modificar la misma, el citado informático/diseñador se niegue a realizar la modificación solicitada, no le autorice a realizar dicha modificación a través de un tercero o le pida una cantidad exorbitante por ello. Esto es así por cuanto el citado diseñador/informático es el titular o autor de la citada web sin perjuicio de que haya cobrado por su realización, puesto que, si no se estipula nada en el contrato suscrito con el mismo – que dicho sea de paso, es lo más habitual, suponiendo que haya contrato -, dicho autor tendrá todos los derechos sobre la citada página web, lo que incluye el derecho de transformación a que me estoy refiriendo.

portada libro transformación

 También he querido hacer referencia en dicha monografía a los supuestos de modificación que de ordinario se producen en las obras de folklore, obras que son  sistemáticamente utilizadas por músicos actuales y que sin ningún reparo modifican a su antojo dichas obras para crear sus canciones sin hacer referencia alguna  al origen de dichas obras, vulnerando con ello la propiedad intelectual. 

 El premio garantizaba la edición y publicación de la citada monografía por parte de la editorial Reus, publicación que desde el pasado mes de septiembre ya  es una realidad y que (además de en la página web de la citada editorial – www-editorialreus.com – se encuentra en las librerías especializadas por si alguno tiene  interés en estas cuestiones o se le plantea alguna cuestión práctica sobre este derecho.

 Con éste ya son 5 los libros que he tenido la suerte de publicar sobre diferentes cuestiones en materia de propiedad intelectual: 

  – Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual. 2011.
- El derecho de comunicación pública directa. 2011.
- Anuario de propiedad intelectual. 2011.
- Anuario de propiedad intelectual 2010.
- Nuevas fronteras del objeto de la propiedad intelectual. Puentes, parques, perfumes, senderos y embalajes. 2008.

 

Lunes

21

octubre 2013

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¿Es posible la cita audiovisual?

Categorías: propiedad intelectual

Al hilo de una consulta que recibí recientemente sobre si sólo podía citarse las obras literarias de los autores pero no las imágenes he decidido aclarar algunas ideas sobre la efectiva posibilidad de citar también en obras visuales y audiovisuales.

cita audiovisual

El derecho de autor otorga al titular del mismo sobre su creación un derecho exclusivo y excluyente que se concreta en una serie de facultades patrimoniales y morales que llevó a equiparar tal derecho al que ostenta el propietario sobre la cosa de su propiedad. No obstante, el derecho del autor no tiene un carácter absoluto y está sujeto a ciertas limitaciones que constriñen y concretan su ejercicio en beneficio de otros intereses que se estiman de mayor protección.

Estos límites son auténticas excepciones, establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual, para proteger intereses de terceros cuya actuación sería considerada ilícita si no se amparasen en tales límites.

Son éstos  límites, que pudiéramos calificar de “legales”, a los que nos referiremos en este post y donde debe encuadrarse, precisamente, el derecho de cita del artículo 32 de  la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI).

Pero antes de adentrarnos en el análisis del concreto derecho de cita es preciso realizar una serie de puntualizaciones importantes:

a)     No deben confundirse los concretos límites legales impuestos al derecho del autor con la doctrina del fair use del copyright, que constituye una cláusula de carácter general, con un valor normativo equivalente al del derecho exclusivo del autor y que constituye un privilegio por el que se permite a la colectividad la utilización de la obra protegida por el derecho de autor sin el consentimiento del titular de los derechos, son un abanico amplio de supuestos que encajan con el uso leal u honrado de la obra. Por el contrario, los límites legales son excepciones que prevé  el legislador para supuestos muy concretos, numerus clausus, y cuya interpretación es restrictiva a favor del derecho exclusivo del autor.

b)    Desde un punto de vista económico, atendiendo precisamente al carácter gratuito o remunerado de la excepción, hay que distinguir entre los límites y las licencias legales.

Los límites stricto sensu son aquéllos que permiten utilizar la obra de manera absolutamente gratuita y cuya justificación debe buscarse en la preponderancia del interés general que motivó la creación de dicho límite sobre el derecho exclusivo del autor. Por el contrario, las licencias legales son aquéllas cuya utilización de la obra está “gravada” con el pago de una compensación o remuneración al autor o titular del derecho  y cuya justificación es impedir que un tercero, beneficiado por el límite, pueda hacer negocios lucrativos a costa del sacrificio económico del derecho de autor.
Dentro de los límites genuinos se hallan, entre otros, el derecho de cita, el préstamo público en determinadas instituciones, la parodia, etc. En el segundo grupo puede encuadrarse la reproducción para uso privado – habitualmente denominada copia privada -, los trabajos y artículos sobre temas de actualidad, etc.

c)     Los límites afectan exclusivamente a los derechos patrimoniales del autor o titular del derecho, no alcanzando, por el contrario, a los derechos morales (paternidad, integridad, etc.) del artículo 14 de la LPI. Sin embargo, en ocasiones, la aplicación concreta del límite puede tener una incidencia indirecta sobre alguna facultad moral del titular del derecho, como ocurre, por ejemplo, en el límite de la cita pues no siempre resulta posible mencionar expresamente al autor de la obra citada.

d)    En ocasiones se utiliza incorrectamente el lenguaje para atribuir un “derecho” a quien únicamente resulta beneficiario de un límite impuesto legalmente sobre el derecho exclusivo del autor. Así, no existe un denominado derecho de cita, sino el límite sobre el derecho de reproducción del autor que habilita a cualquiera, que cumpla con los requisitos legales, para reproducir una parte de la obra en una obra propia.

 e)     Por último, la aplicación e interpretación de los límites stricto sensu, entre los que se incluye el derecho de cita, debe efectuarse conforme a la denominada regla de los tres pasos, que supone que los límites no tienen vocación general sino que deben referirse a supuestos tasados y concretos e interpretarse de manera restrictiva (primer paso), que no pueden atentar contra la explotación normal de la obra (segundo paso) y que, además, no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor (tercer paso).

Esta regla resultará de enorme utilidad a la hora de dilucidar la cuestión que se plantea en el presente post, a saber, la extensión del limite de la cita a las obras plásticas (visuales) y audiovisuales.

Para abordar la cuestión de la posibilidad de una cita visual o audiovisual es preciso con carácter previo determinar qué se entiende por cita y qué presupuestos o requisitos se exigen legalmente para que dicha cita sea un límite válido. Así, el artículo 32 de la LPI indica, en el primer inciso de su primer apartado, que es lícita “la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas”, con tal expresión parecería obvio que quedarían fuera del concepto de cita la inclusión de obras enteras, con lo que implícitamente estaría excluyendo las obras fotográficas y las plásticas; sin embargo, el propio precepto extiende el límite de la cita también a este tipo de obras al disponer expresamente que comprende igualmente la inclusión en una obra propia “de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo”.

El mismo artículo enumera los requisitos que deben concurrir para reputar lícitas las citas:

-      Que la inclusión de la obra ajena sea de una obra ya divulgada, lo que excluye la cita de obras inéditas o no publicadas.

-       Que se indique la fuente y el nombre del autor de la obra incluida en la propia.

-       Que la inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico.

-       Que los fines de la utilización sean docentes o de investigación y en la medida justificada por tal fin.

¿Cumplen tales presupuestos las obras visuales y audiovisuales? Seguidamente lo comprobaremos.

La Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, que consagra su artículo 5 a establecer los límites y excepciones a los derechos de autor que pueden introducir los Estados Miembros en sus legislaciones internas, su apartado tercero lo refiere, en las letras a) y d) concretamente a la ilustración para la enseñanza y la cita, respectivamente: “3. Los Estados Miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3(derecho de reproducción y de comunicación pública)  en los siguientes casos: a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida” y d) cuando se trate de citas con fines de crítica o reseña, siempre y cuando estas se refieran a una obra o prestación que se haya puesto ya legalmente a disposición del público, se indique, salvo en los casos en que resulte imposible, la fuente, con  inclusión del nombre del autor, y se haga buen uso de ellas, y en la medida en que lo exija el objetivo específico perseguido”. De este modo, parece claro que la Directiva regula la cita como límite de los derechos de explotación del autor de un modo amplio, dentro del cual tendrían cabida, sin mayores dificultades, las obras visuales y audiovisuales, siempre y cuando se cumplieran el resto de presupuestos, fundamentalmente el buen uso de las mismas y que la cita esté justificada por el fin perseguido con la misma.

Respecto a la cita concreta de obras visuales (plásticas) o audiovisuales en nuestro país, algunos autores se muestran contrarios a tal posibilidad atendiendo a que la fragmentación de tales obras atentaría contra el derecho moral de integridad de su autor. El punto de partida para resolver tal cuestión no puede ser otro que los requisitos exigidos en el artículo 32 de la LPI. Dicho precepto admite la cita de obras aisladas de carácter plástico, mientras que subordina la de las obras audiovisuales a la exigencia de su fragmentación para su admisibilidad. En cuanto al presupuesto de que la inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, indicar que se trata de conceptos distintos, de tal modo que la cita es únicamente una de las posibilidades que se brinda a cualquiera que pretenda incluir una obra ajena (o un fragmento de ella) en una obra propia. Sea como fuere, lo cierto es que la utilización de la obra a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico están justificadas en la medida que se orienten a la función o causa que legitima tal actuación: los fines docentes o de investigación.

 A pesar de la claridad con que se expresa el artículo 32.1 TRLPI respecto a la exigencia de que la finalidad de la utilización de la obra ajena sea de carácter docente o de investigación, algunos autores defienden una interpretación amplia de tales fines para incluir también cualquier actividad dirigida a informar del estado de una cosa, descubrirla o averiguarla. Sin embargo, debemos recordar cómo la interpretación y aplicación de los límites debe efectuarse de forma restrictiva. En este sentido parece obvio que la intención de quien incluye en su obra la cita de la obra plástica, precisamente por su finalidad didáctica o de investigación de su autor, debe ser la de estar interesado en dicha obra, a cuyo efecto la obra plástica sería meramente accesoria y precisa para una mejor comprensión de la obra y no el mero disfrute estético o artístico que evite que tal destinatario acceda a la obra plástica original para su disfrute pues ello causaría un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor de dicha obra plástica.

En el mismo sentido debe entenderse la cita de un fragmento de una obra audiovisual, restringida a una función educativa o de investigación, lo que excluye cualquier finalidad comercial que pretenda extraerse de la misma. En este ámbito, además, existe un problema añadido, el determinar qué extensión se considera adecuada y suficiente, puesto que la expresión “en la medida justificada por el fin de esa incorporación” no aclara este extremo. Parece que lo apropiado, en este caso, sería atender al criterio expuesto por la doctrina (GAUVIAC) y jurisprudencia francesa: que la cita de la obra no reemplace la obra citada en el sentido de reducir el número de potenciales destinatarios de dicha obra audiovisual y para ello los elementos de la obra citada no pueden representar toda la obra. En cualquier caso, los riesgos se minimizan al restringirse los fines de la cita al ámbito educativo o de investigación, por cuanto los beneficiados por la reproducción efectuada a título de cita son reducidos.

Precisamente tal finalidad excluye expresamente del ámbito de la cita algunos supuestos tradicionales en el panorama artístico como es la inclusión de una obra visual o audiovisual dentro de otra obra del mismo género con una finalidad meramente comercial pues tal proceder vulneraría la regla de los tres pasos del artículo 40 bis LPI al atentar contra la explotación normal de la obra causando, además, un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de su autor.

Por consiguiente, y en tanto no se desvincule la cita de la función docente o de investigación, más propia del límite de ilustración para la enseñanza del artículo 32.2 LPI, ésta se verá reducida a los estrictos términos del precepto que la regula conforme a la interpretación y aplicación restrictiva que impone la regla de los tres pasos.

 


photo credit: alf sigaro via photopin cc

Martes

6

agosto 2013

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Redes sociales y menores

Categorías: protección de datos

¿Pueden los menores tener perfiles en las redes sociales? Analizamos los riesgos de esta “permisividad” por parte de las empresas que prestan estos servicios de redes sociales.

Facebook sigue modificando continuamente sus políticas de privacidad pero olvida que continuamente los menores se registran en esta, y otras redes sociales, sin el consentimiento ni control de ningún tipo, con el riesgo que ello conlleva respecto de los “amigos” que pueden aceptar, las aplicaciones que pueden utilizar, el contenido que pueden compartir, etc.

child and laptop

En primer lugar cualquier prestador de una red social debería velar porque el acceso a la red social que gestiona – Facebook, Tuenti, etc – fuera restringida a los mayores de 14 años o, en su defecto, que el registro lo efectuaran los padres de los menores.

En segundo lugar, hay que recordar que el registro en tales redes requiere facilitar una serie de datos, que la normativa sobre protección de datos, califica de datos de carácter personal (artículo 3 a) de la LOPD y 5.1 del Reglamento) y, como tales, el prestador de la red social tiene que cumplir con unas determinadas obligaciones que, lamentablemente, no siempre se cumplen y puede acarrear unas consecuencias económicas para el infractor de hasta 600.000 euros en los supuestos más graves.

En tercer lugar, el sistema de registro, que se limita a solicitar la fecha de nacimiento, incumple la obligación de comprobar de manera efectiva la edad del menor y, en su caso, de ser menor de 14 años, la autenticidad del consentimiento de sus padres o tutores (art. 13.4 RLOPD), no en vano hoy día más de 7,5 millones de menores están en la red social. Una solución solicitar el DNI, o documento equivalente, debidamente escaneado a los que pretendan el registro.

En cuarto lugar, si bien es una práctica habitual hoy día que las empresas incluyan en sus páginas web una política de privacidad con la que pretenden cumplir con las obligaciones exigidas por la normativa de protección de datos, pero también es cierto que dichas políticas son habitualmente incompletas y suele carecer de aplicación práctica posterior. Así, ni se informa de qué fichero contendrá los datos del usuario, ni su finalidad específica, ni sus destinatarios y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son ciertamente mejorables. El acceso a los datos puede realizarse a través de un formulario que, valga la redundancia, no resulta de fácil acceso; la rectificación de los datos sí es relativamente sencilla y de aplicación inmediata; la cancelación sólo puede ser de la totalidad de los datos personales, no de algún dato concreto, y además, sin justificación legal alguna, conservan los datos durante 90 días infringiendo de este modo lo dispuesto en el art. 16 LOPD. Y el usuario que quiera ejercer su derecho de oposición, lamentablemente sólo podrá optar por no utilizar el servicio y no registrarse.

Por último, que las redes sociales adolezcan de un sistema fiable de seguridad para evitar, por ejemplo, las prácticas de usurpación de las cuentas de los usuarios por terceros, pues los datos de los miembros serían accesibles para terceros de forma ilícita, riesgo que, cuando se pretende ampliar el abanico de edad de los miembros de la red social, resulta particularmente alarmante.

Por todo ello, debe extremarse el cumplimiento de las obligaciones legales, tanto por Facebook como por el resto de redes sociales, respecto de los datos de carácter personal que recaban, máxime cuando sus titulares sean menores de 14 años. Hay que desterrar cuanto antes la práctica extendida de incluir ciertas informaciones típicas en su política de privacidad para evitar sanciones de la Agencia de Protección de Datos que vigila muy de cerca el cumplimiento efectivo de la legalidad.

 

Martes

6

agosto 2013

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Una nueva idea de abogado

Categorías: Abogado

Soy un entusiasta del derecho, dedicado al mundo del derecho de la cultura desde hace más de una década, principalmente centrado en los ámbitos de la propiedad intelectual, protección de datos y derecho de internet. Abogado de la entidad de gestión AISGE desde el año 2000 hasta el 2012; socio del despacho VISUALIZA LEGAL, especializado en derecho de autor y del entretenimiento, hasta 2013; actualmente con despacho propio.

Profesor de la Universidad San Pablo Ceu desde el 2013.Ponente en el Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III y de la Cámara de Comercio en cursos sobre adaptación de las empresas en materia protección de datos y derecho de internet.

Licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor cum laude en Derecho. Premio extraordinario de la Universidad.

Premio ASEDA de derechos de autor en 2008 por la obra Nuevas fronteras del objeto de la propiedad intelectual. Puentes, parques, perfumes, senderos y embalajes. Autor de diversas monografías (el derecho de comunicación pública directa. Ed. Reus; Anuario de Propiedad Intelectual 2010, ed. Reus), obras en colaboración (Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual, ed. Dykinson; El cumplimiento de las obligaciones, ed. Centro de estudio Ramón Areces) y diversos artículos de revistas).

Máster en derecho de autor y nuevas tecnologías en 1997. Curso superior de Propiedad Intelectual de la Universidad Complutense de Madrid en 2009. Diversos cursos de propiedad intelectual organizados por AISGE en la década del 2000.

Contacto:
Tfno. 647 211 711
Mail. abogado@hectorayllon.com